Ante la inminente elaboración de los pliegos de licitación del servicio BetiOn, la plantilla realiza estas aportaciones con la intención de asegurar la calidad del servicio y de unas condiciones laborales dignas, donde no primen los beneficios de la empresa privada.

 

 

«  Los beneficios  no redundan en la calidad asistencial ni en las condiciones de trabajo de la plantilla »

 

La teleasistencia es un servicio público que permite a los usuarios tener una atención domiciliaria permanente las 24 horas del día, todos los días del año, para dar una respuesta adecuada a situaciones de emergencia o necesidades sociales. Para ello es necesario instalar un terminal en la propia vivienda.

 

Teleasistencia en la CAV

La Unión Temporal de Empresas (UTE) IV Tunstall Televida – GSR – Igualmequisa, viene siendo adjudicataria del servicio desde 2011, bajo diferentes nomenclaturas. Las cantidades han ido incrementándose en cada una de las adjudicaciones. El último concurso supuso una cantidad de más de 41 millones de dinero público.

Al carecer de obligación legal de presentar las cuentas, hace muy difícil fiscalizar los rendimientos de la unión temporal de empresas que gestionan el servicio, pero nuestras estimaciones arrojan beneficios en todos y cada uno de los ejercicios, sin control por parte del titular, el Gobierno Vasco.

Estos beneficios no redundan en la calidad asistencial ni en las condiciones de trabajo de la plantilla. Las personas usuarias del servicio son mayores y dependientes, mereciendo más y mejor atención de la que reciben, como dejan patente en las encuestas de satisfacción.

El Servicio además de ser financiado con dinero público, cuenta con un copago de 4 euros al mes por parte de las personas usuarias.

Con cada nueva licitación, los miles de usuarios ya presentes en el servicio son amortizados, puesto que no suponen un gasto extra y siguen generando el beneficio resultante de aplicar la fórmula de precio por usuario/día.

 

«  La calidad asistencial es medida exclusivamente  en números y tiempos , cómo si de cualquier cadena de producción se tratara »

 

Opaco y sin control

No existe ningún control de a dónde va cada céntimo con el que es financiado el servicio, por parte de su titular y la calidad asistencial es medida exclusivamente en números y tiempos, cómo si de cualquier cadena de producción se tratara.

Atendemos a personas mayores y dependientes en el País Vasco, no son mercancía para hacer negocio. Hay que dar un mejor servicio, con más atención y dedicación.

El Gobierno Vasco permite la subcontratación de un servicio público ya de por si externalizado, frente al modelo de atención presencial y permanente, por parte de la plantilla adscrita al servicio.

Existe una total opacidad respecto al contrato entre la UTE y DYA para su intervención a través de la subcontratación de parte del servicio, en las intervenciones domiciliarias por caída sin lesión, de las personas usuarias.

La prestación de este servicio sirve a la empresa mayoritaria en la UTE, la multinacional Tunstall, como escaparate para sus negocios, tanto a nivel estatal e internacional, que le abre las puertas hacia nuevos proyectos y financiación por toda suerte de fondos de inversión.

 

Foto: Deia

 

Personal insuficiente

La plantilla sólo se ha incrementado cuando se ha visto insuficiente para procurar la prestación del servicio; no existiendo ningún tipo de proporcionalidad entre la misma y el número creciente de personas usuarias del servicio.

Si antes de 2011 para menos de 25.000 personas usuarias, operaban sólo en el territorio de Bizkaia, 88 trabajadoras y trabajadores. Actualmente con más de 65.000 usuarios, en los tres territorios históricos, la plantilla se compone de menos de 140 personas.

La empresa racanea en todas y cada una de las cuestiones que considera gastos superfluos, pero que también significan condiciones de trabajo dignas, mientras se prepara para el nuevo concurso del servicio, a lo largo del presente año 2022. Actualmente el convenio colectivo ha decaído y la UTE se niega a negociar, teniendo unas condiciones laborales por debajo de la realidad del sector sociosanitario vasco (residencias, ayuda a domicilio, intervención social, etc).

 

« La rápida alta rentabilidad que buscan toda suerte de  fondos de inversión , hace que se apoderen de los servicios sociales y sanitarios públicos »

 

Intereses comerciales

Tunstall - Televida como la mercantil con mayor participación en la UTE (80%) durante este periodo ha visto cómo su negocio se ponía en el punto de mira de dos fondos de inversión. La externalización en el sector sociosanitario reporta cuantiosos beneficios, sin ningún control.

En 2008 Chaterhouse Capital Partners pasó a ser principal inversor de Tunstall. En 2010 el fondo MCH Iberian Capital, compró Televida. En 2012 Tunstall se hace con STT Condigi, la empresa sueca de atención sociosanitaria.

En 2013 Tunstall adquirió la empresa Televida, anteriormente en manos de Sergesa, con la que mantenía una estrecha relación desde 2004 en el negocio de las adjudicaciones de servicios sociosanitarios como la teleasistencia, en todo el estado.

En 2020 M&G Investments (gestora global de activos) y los fondos controlados por Baring Asset Management Limited (gestión de acciones, deuda inmobiliaria, carteras de renta fija, etc) tras la aprobación dada por la unión europea, adquieren Tunstall.

En 2021 Tunstall anuncia la compra de la empresa holandesa Secuvita. Recientemente se ha conocido también la compra de la firma alemana BeWo, sin que haya trascendido el importe de ambas operaciones, dando como resultado una concentración en el mercado de los servicios y gestión de teleasistencia.

La rápida alta rentabilidad que buscan toda suerte de fondos de inversión, hace que se apoderen de los servicios sociales y sanitarios públicos. La concentración en la atención de las personas mayores y dependientes es ya un echo, sin que existan mecanismos de control. Éste modelo de negocio redunda directamente en la calidad asistencial y en las condiciones laborales de quienes prestamos estos servicios.

Las otras dos empresas que conforman la UTE que gestiona el Servicio Público de Teleasistencia en Euskadi, (ambas con una participación del 10% del negocio) son hartas conocidas: GSR (Grupo Mondragón) e Igualmequisa, perteneciente al conglomerado IMQ, que a través de su marca Igurco, presta un servicio privado de teleasistencia.

 

« El servicio quedó totalmente colapsado y  sin unas directrices de actuación  por parte de la empresa »

 

Desarrollo del servicio

El Servicio Público de Teleasistencia atiende a través de los terminales los requerimientos y necesidades de las personas usuarias.

La implantación desde 2017, de los terminales de Teleasistencia denominados “Smart Hub” por parte de Tunstall ha traído consigo una serie de problemas técnicos que repercuten en la atención de las personas usuarias.

Dichos terminales requieren para su comunicación portar las habituales tarjetas SIM empleadas en la telefonía móvil. En este caso, todas a cuenta de la compañía
Tele2.

La empresa mayoritaria en la UTE, Tunstall, además de la gestión del servicio, es suministradora de la tecnología requerida para la comunicación de las personas usuarias, (a través de sus propios terminales y su entorno informático, como soporte).

La UTE ha perjurado qué estos modelos no tenían problemas de conectividad con otras redes móviles existentes en el espectro de las telecomunicaciones, pero los redundantes fallos demuestran todo lo contrario, como ejemplo el grave suceso sucedido en la jornada del 5 de marzo de 2022, quedando sin ninguna forma de comunicarse durante horas miles de personas usuarias, quedando el servicio totalmente colapsado y sin unas directrices de actuación por parte de la empresa.

 

 

Intereses comerciales por encima del buen servicio

Las redes de telecomunicaciones en nuestro entorno están seriamente condicionadas por la realidad de nuestra orografía, siendo inviable las más de las veces que terminales con dicha tecnología resulten como los más idóneos para garantizar la permanente atención de las personas usuarias del servicio.

A nuestro juicio la implantación de este modelo de terminales, estuvo sujeta en todo momento a intereses comerciales por parte de Tunstall y no a criterios técnicos objetivos e independientes.

Siendo la prestación del Servicio Público de Teleasistencia, su mayor banco de pruebas, en su propósito por vender un modelo de contectividad mediante tarjetas SIM, vinculadas a una compañía concreta.

La licitación tiene como encomienda la atención de las personas usuarias desde sus respectivos domicilios, procurando la atención de sus necesidades y demandas (sociales, sanitarias, ..) movilizando los recursos requeridos en cada caso.

El objeto del contrato no fija la intervención de terceras empresas en la atención de las personas usuarias enmarcado en el contexto de los servicios sociales de atención primaria y la cooperación con el sistema de salud.

La UTE anunció durante mayo de 2021 la puesta en marcha de un proyecto de monitorización domiciliaria de la mercantil Wattio destinando personal adscrito al servicio a tal fin, sin que se precise si las personas usuarias son empleadas cómo potenciales clientes.

Wattio fundada en Donostia, tiene como eje principal de sus negocios la domótica, la eficiencia energética, la seguridad y la atención de personas mayores a través de la conectividad por Internet con dispositivos como Alexa de la multinacional Amazon. Wattio ha sido financiada por el fondo público de capital de riesgo EZTEN del Gobierno Vasco. Se benefició del Fondo Europeo FEDER, cofinanciado por el Gobierno Vasco y la Unión Europea.

También se han visto beneficiados por la inversión del CDTI del ministerio economía del Gobierno de España y la multinacional petrolera Repsol.

Entre sus clientes se encuentran la Diputación Gipuzkoa y ayuntamientos como los de Andoain y Fuenlabrada (Madrid).

 

« Este es el modelo de servicio público externalizado sin control ninguno  en el que todo vale  »

 

Externalizado y sin control

Este es el modelo de servicio público externalizado sin control ninguno en el que todo vale, menos una atención de calidad y unas condiciones laborales dignas. Personas usuarias de un servicio público cómo potenciales clientes de una empresa privada, usando recursos del propio Servicio.

La sociedad cooperativa Grupo SSI anuncia la presentación del proyecto 'Nagusi Bot' para la asistencia virtual de personas mayores en el hogar, a través de su colaboración con Ibermática y la financiación del fondo HAZITEK del Gobierno Vasco.

Proyectos privados de atención domiciliaria, que un Servicio Público cómo el de Teleasistencia podría cubrir, se primarán criterios asistenciales y de innovación, frente al beneficio de empresas privadas, por mucho que se disfracen de ‘startup’.

 

Subcontrata

El Servicio Público de Teleasistencia entre sus encomiendas tiene la asistencia en los domicilios de las personas usuarias, en aquellas situaciones por caídas sin lesión.

Desde la unificación de los servicios existentes en 2011, dichas intervenciones eran realizadas por personal propio de manera presencial y permanente las 24 horas, los 365 días del año, en el territorio de Bizkaia, dónde se concentra el mayor número de personas usuarias.

En 2017 tras la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo del personal que prestaba esa labor impuesta por la UTE, la atención tanto social como técnica en horario nocturno quedó extinguida.

La atención de las situaciones derivadas por caídas en los domicilios, pasó a ser atendidas por la mercantil DYA, cobrando por esta atención, mientras destina en numerosas ocasiones personal voluntario.

Las estimaciones aportadas por la UTE en 2017 - sólo para la atención nocturna en Bizkaia - era de 50.000 € anuales, quedando fuera la atención técnica durante las horas nocturnas.

En el caso del territorio de Gipuzkoa, la presencia de DYA se ha desarrollado desde el comienzo del servicio en 2011, puesto que no ha existido suficiente personal adscrito al Servicio de manera presencial y permanente, en el centro de trabajo de Donostia y en el segundo centro abierto en las instalaciones de la Residencia de GSR en Aretxabaleta.

La atención en Gipuzkoa por parte de DYA se realiza en horario nocturno, fines de semana y en aquellas áreas geográficas en las que no se encuentre próximo personal propio del Servicio.

La atención que realiza la mercantil DYA prima las más de las veces, otras de sus asistencias frente a la atención requerida por las personas usuarias; existiendo quejas por dichas prácticas.

En el territorio de Araba, DYA viene prestando de forma un tanto extraña su atención, con una evidente carencia de medios, con dos únicas personas repartidas a lo largo de todo el año, usando un vehículo de titularidad de la UTE y rotulado como el resto de la flota del servicio.

 

 

Externalizado y subcontratado

El Servicio Público de Teleasistencia siendo un servicio externalizado permite este tipo de subcontrataciones, quedando fuera de cualquier control por parte del titular, en todo lo referido a la calidad asistencial y las condiciones de trabajo del personal que presta las intervenciones domiciliarias.

Durante los peores meses de la pandemia la UTE IV Tunstall Televida – GSR – Igualmequisa delegó la asistencia domiciliaria a la mercantil DYA ante su incapacidad de dotar de medidas preventivas efectivas para el personal adscrito al Servicio Público de Teleasistencia en el País Vasco.

Aquella situación por muy excepcional que fuera, no anulaba los derechos laborales fundamentales, ni permitía unilateralmente ampliar la subcontratación de las intervenciones domiciliarias por caídas, tal y como recogen los pliegos de licitación en su Caratula.

La alarma sanitaria no modificaba por si misma las condiciones de la subcontratación del servicio, más cuando él mismo fue declarado como de carácter esencial, por lo que es al personal adscrito, en las condiciones de la adjudicación, a quien le correspondía la atención directa de las personas usuarias.

Además huelga recordar que varios de los apartados de las claúsulas en los pliegos, hacen mención expresa a la seguridad y salud del personal adscrito al servicio. No existe constancia ante dicha situación, de que la empresa subcontratada DYA manifestara un mayor cumplimento en materia de seguridad y salud laboral, comparado al trabajo que el personal adscrito al servicio desarrolla.

Los pliegos también contemplan restricciones respecto a la imposibilidad de modificación de manera unilateral de la actividad subcontratada, como hemos apuntado anteriormente.

• ¿Bajo que control se realizó esta modificación de la subcontrata?
  
  
• ¿Cuánto costó esta ampliación de la subcontrata?
  
  
• ¿De que forma se aseguró la integridad de la plantilla en un servicio declarado como esencial?
  
  
• ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de las personas usuarias durante las intervenciones domiciliarias?
• Preguntas todas ellas que continúan sin respuesta.

 

«  Estas aportaciones  pretenden asegurar la calidad asistencial y unas condiciones laborales dignas »

 

Conclusiones

Ante la falta de control en todo lo concerniente a la prestación del servicio, en la inminente elaboración de los pliegos de licitación las siguientes Cláusulas Sociales, debieran ser tenidas en cuenta.

Estas aportaciones nacen con la firme intención de asegurar la calidad asistencial del servicio, así como de unas condiciones laborales dignas, en el contexto del sector sociosanitario del país, como servicio público externalizado, frente al actual modelo en el que priman los beneficios de una empresa privada.

• Subrogación de todo el personal adscrito con dedicación plena al servicio, incluida la bolsa de trabajo, con la excepción del personal orgánico perteneciente a la empresa contratada.
  
  
• Reconocimiento del marco de relaciones laborales establecido en el convenio colectivo de aplicación, sin regresión a convenios de carácter estatal.
  
  
• La partida presupuestaria dedicada a la financiación de éste servicio público externalizado deberá tener en consideración la masa salarial del personal adscrito al servicio.
  
  
• Establecimiento de ratios, que aseguren la proporcionalidad entre el personal prestatario y las personas usuarias del servicio.
  
  
• Se establecerá un programa de cualificación y capacitación para la profesionalización del servicio, mediante el análisis de las necesidades formativas de la plantilla. De igual forma se procederá con un proceso euskaldunización y profundización del uso del euskara.
  
  
• Creación de un órgano permanente de supervisión del desarrollo del servicio que fije así mismo los objetivos sociales, protocolos, procedimientos, criterios en la calidad asistencial en definitiva, así como en lo relativo al apartado técnico del servicio.
  
  
• Búsqueda de fórmulas para facilitar la adjudicación del servicio a empresas con implantación previa en el País, con políticas de integración social.
  
  
• Se acordarán métodos que garanticen el control de las cuentas de resultados de las empresas adjudicatarias, incluidas las uniones temporales de empresas, por parte del titular del servicio.
  
  
• Prohibición expresa de cualquier forma de subcontratación en todo lo relativo a la prestación directa del servicio, siendo éste desarrollado de forma directa por personal adscrito de manera permanente y presencial. Psichologinių paslaugų kainos https://www.psichologas.org/psichologinio-konsultavimo-kainos.html
  
  
• Análisis que asegure una mayor cooperación en el entramado socio-sanitario del país.

 

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