La Fiscalía ve motivos para la imputación del delito de prevaricación a Jon Uriarte, Director de formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide.

Iñaki Carro, abogado y miembro de Argilan-esk, presentó el 21 de octubre una demanda por prevaricación contra Jon Uriarte Unzalu, Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, de Lanbide.

Cobros indebidos de Lanbide

Su pretensión, a través de esta actuación judicial, era que se investigara la conducta desarrollada por Lanbide quien, durante los meses del pasado verano, había enviado más 2.668 comunicaciones de reintegro de cobros indebidos de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), pertenecientes a los años 2011, 2012 y 2013, a sabiendas de que era una deuda prescrita, por el transcurso de los 4 años que establece la ley.

Entre las comunicaciones de Lanbide, figuraban dos reclamaciones de deudas por cobros indebidos, a su nombre, de la época en que él fue perceptor de la RGI y PCV.

El Juzgado de Guardia archivó la demanda el 2 de noviembre, considerando que no existía ninguna conducta tipificable de prevaricación, sin aportar, ninguna argumentación al respecto.

Investigación abierta

La fiscalía, con fecha 9 de noviembre, ha presentado un Recurso de Reforma ante el Juzgado que autorizó el archivo de la demanda, proponiendo que mantenga abierta la investigación de los dos expedientes de cobros indebidos prescritos que afectan a Iñaki Carro, considerando que hay motivos para la imputación del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

El abogado de Argilan-ESK, se ha sumado al Recurso de la Fiscalía y lo ha ampliado, incluyendo los 2.668 casos que planteó en su demanda de octubre.

Poner a Lanbide en su sitio

Lo que, desde el punto de vista de Argilan-esk, nos parece más destacable de este caso, es que todavía hay recorrido judicial (si el Juzgado de Guardia que archivó la demanda de Iñaki Carro no atiende a la pretensión fiscal, el tema lo llevaremos a la Audiencia Provincial) para intentar poner a Lanbide en su sitio.

La investigación judicial que pueda sacar a la luz que Lanbide prevarica, sería de enorme utilidad pues ayudaría a que mucha gente perceptora de la RGI y PCV, que sufre diariamente el ataque a sus derechos por parte de Lanbide, se sienta reforzada para pelear contra esta institución, que parece omnipotente, llegando hasta la vía judicial, que es a la que, según nuestra experiencia, más teme Lanbide, junto, por supuesto, a las denuncias en los medios de comunicación y en las acciones de calle.