Estamos acostumbradas y acostumbrados a ver como los diferentes gobiernos, tengan su órgano de decisión en Madrid, Iruñea o Gasteiz, o en los diferentes ayuntamientos y diputaciones, se resguarden en la idea de que no pueden aumentar el gasto público y que no pueden abordar la renovación de las plantillas del cada vez más envejecido sector público ni ningún otro tipo de mejora laboral, principalmente en materia de jornada y de salarios.

Todo depende de los presupuestos generales del Estado, ¡todo… no! (como decía la entradilla de una famosa canción). Hay proyectos faraónicos que están libres de dicho control, todos marcados por el clientelismo, los sobrecostes y la corrupción.

Hay dinero los envenenados fondos europeos “Next Generation” (recordamos que la mitad son un préstamo a un altísimo interés) para destinar a grandes empresas como Iberdrola o Petronor. Hay dinero para repartir entre amiguetes, ya se apelliden De Miguel, Tellería, Otxandiano, Bravo, Elorriaga, Margüello, Erezuma, Zulueta o Rentería.  Hay dinero para malversar dinero público en el equipo fantasma Epsilon Euskadi de fórmula 1, en el coche eléctrico Hiriko, en el museo Balenziaga,  en la Supersur o en la joya de la corona: el tren de alta velocidad (que se habrá quedado obsoleto cuando lo quieran poner en marcha tras gastar miles de millones de euros de dinero público).

También hay 816 millones de euros para conciertos educativos mientras la escuela pública vasca pasa verdaderos apuros para dar un servicio de calidad, hay dinero para centros universitarios privados como el Basque Culinary Center o la universidad privada Euneiz mientras se deja caer la UPV-EHU. Hay dinero para la clínica privada Asunción en Tolosa pero no para un hospital público en Tolosaldea.  Hay dinero para llenar las arcas de las empresas concesionarias de la limpieza o el transporte sanitario de Osakidetza, pero no lo hay para mejorar las condiciones laborales del personal subcontratado, incluso hay dinero para que empresas como Ambulancias La Pau pague más de 100.000 euros por diversas infracciones en materia de seguridad y salud laboral y siga gestionando el servicio.

En cambio, para mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales de los y las empleadas públicas nos dicen que no hay dinero, y desde ESK y STEILAS tenemos claro que es mentira y que es una cuestión de decisiones y voluntades políticas.

Las tasas de reposición han sido superadas cuando así lo han decidido gobiernos y partidos políticos,  así lo negoció el PNV en los Presupuestos Generales del Estado 2014 y 2017 para la Ertzaintza, no así para el resto de servicios públicos, mostrando claramente cuál es su prioridad en la defensa de los servicios públicos.

Y esto demuestra dos cosas: que se pueden conseguir mejoras por encima de las políticas de austeridad que se vienen aplicando desde 2010, y que el reparto del dinero público depende única y exclusivamente de las posturas ideológicas de quienes dirigen los gobiernos y negocian los presupuestos generales del estado o de las diferentes administraciones de la CAPV. Si se quieren recuperar las primas de jubilación, mejoras salariales dignas o la creación y estabilización de todo el empleo público necesario, se puede. Solo hace falta voluntad política.

Ha llegado la hora de moverles, de conseguir mejoras laborales para todo el personal de los servicios públicos y de forzar a los diferentes gobiernos a invertir en unos servicios públicos de calidad, garantes de los derechos de todas las ciudadanas vascas.

Para ello, saldremos a la huelga el 25 de octubre y el 19 de diciembre.

¡Que dejen de malgastar nuestro dinero en mierdas y chanchullos y que lo inviertan en garantizar unas condiciones laborales dignas y unos servicios públicos de calidad! ¡Es el momento de salir a la huelga!