Encadenamos una crisis tras otra, pero siempre las pagamos la clase trabajadora. Una clase trabajadora que sabe bien que el problema es el propio sistema capitalista, un sistema que solo busca su propia supervivencia y obtener beneficios económicos.

Nos han dicho que una de las razones del brutal aumento de la inflación se debe al precio de la energía, sin embargo, a pesar de las medidas de control, los precios de los alimentos siguen subiendo algo solo justificable por la avaricia desmedida de unos pocos.

Mientras la mayoría cada vez tenemos más dificultades para llegar a final de mes, las grandes empresas aumentan sus beneficios en un 92,2% pero los sueldos apenas lo hacen en un 2,8%.

Tener un empleo no garantiza una vida digna y cada vez hay más trabajadoras y trabajadores pobres. La precariedad a la que nos someten es inaceptable: condiciones laborales bochornosas, sueldos miserables, parcialidad, temporalidad, subcontratación… Una realidad que la tramposa reforma laboral de 2022 no ha conseguido aliviar y que se ensaña especialmente con las mujeres.

El paro desciende, pero aumenta la parcialidad, aumentan los contratos indefinidos pero también los despidos por no superación del periodo de prueba, aumentan los contratos fijos discontinuos pero no sabemos cuántas personas están realmente ocupadas… Aumenta el empleo pero también lo hace la pobreza.

A pesar del aumento en las contrataciones tras el COVID-19 el crecimiento de los beneficios es tres veces mayor al del gasto en personal. Decíamos aquella primavera de 2020 que era necesario aprender de lo vivido, pero algunos, poco o nada han aprendido.

Frente al capitalismo brutal y ecocida que destruye el planeta y a quienes lo habitamos es hora de poner nuestras vidas, las de todas y todos, en el centro y poner en valor lo que realmente importa. Es el momento de parar los recortes de derechos fundamentales, de defender con uñas y dientes lo público, de reivindicar el derecho universal a los cuidados y que éstos dejen de ser un negocio o un privilegio. No podemos permitir que unos pocos se enriquezcan a costa de mercantilizar, privatizar y especular con las necesidades de cuidados. Obteniendo ingentes beneficios a costa del trabajo de las mujeres. Una explotación laboral que impacta y atraviesa con especial crudeza en las mujeres migrantes y racializadas. Situaciones amparadas por políticas racistas sostenida en una la ley de extranjería mantenida por intereses económicos y políticos. Las instituciones tienen que dejar de mirar hacia otro lado, y generar mecanismos de regularización.