El período inflacionista actual, que se inició a mediados de 2021, se caracteriza por una fuerte subida de los precios del gas y de la electricidad, y una subida de los salarios menor que la inflación
 

*Argazkia: Nuria González. UPV/EHU.

"colectivos como Argilan-ESK denuncian que las rentas condicionadas son insuficientes para acabar con la pobreza, y por consiguiente con la pobreza energética" 


 

El origen histórico de la pobreza energética lo encontramos en el sistema de salud de Reino Unido (NHS), al detectarse problemas respiratorios, cardiovasculares y otros en hogares con temperaturas anormalmente bajas. Es por ello por lo que la primera definición comúnmente aceptada, la de Rosie Day, propone llamar pobreza energética al “acceso insuficiente a una calefacción asequible, fiable y segura”. Hoy en día se tienen en cuenta otros servicios energéticos adicionales, como el transporte. La Comisión Europea, en su recomendación de octubre de 2023, apunta a que la pobreza energética está relacionada con tener que pagar facturas energéticas demasiado elevadas en proporción a los ingresos. Por lo tanto, los factores cruciales serían: precios de energía altos, ingresos bajos y pobre eficiencia energética.

El período inflacionista actual, que se inició a mediados de 2021, se caracteriza por una fuerte subida de los precios del gas y de la electricidad, y una subida de los salarios menor que la inflación. Esto proporciona una inmejorable oportunidad para estudiar los efectos de los precios de la energía en la pobreza energética. El precio del gas fue el primero en ir al alza, según Eurostat una subida en España del 39,4 % de 2021 a 2022 y del 40,7 % para los 27 países de la Unión Europea. Al usarse el mecanismo marginalista en el mercado eléctrico diario, que tendría la ventaja de proporcionar la señal de precio necesaria para la transición energética, lo que ocurrió es que se trasladó la subida del precio de gas al de la electricidad. Adicionalmente, gracias al coste de oportunidad, incluso algunas tecnologías que no tienen que ver con el gas natural ofertaron a niveles casi igual de altos. El resultado son precios de la electricidad desorbitados, según datos de la Unión Europea, del 2021 al 2022 un incremento del 24,9 % en España y del 17,3 % para el conjunto de la UE. Si hiciéramos los cálculos en base al incremento de los costes de la producción eléctrica, ni nuclear ni hidráulica subieron sus costes, por lo que la subida esperada no hubiera sido tan desproporcionada.

Este período de inflación no sólo ha puesto en cuestión el mecanismo marginalista, sino que también ha traído de vuelta viejas discusiones en Economía, como cuánto se debe retribuir al capital (Ley de valor) o de dónde viene la inflación (y cómo controlarla), ambas indirectamente relacionadas con la pobreza energética. Ya desde finales de 2021, Isabella Weber apuntaba como causa de la inflación a las fricciones de la cadena de suministro y los beneficios exagerados, dándole el nombre de “inflación del vendedor”. Posteriormente, estudios del FMI o la OCDE corroboraron el impacto del lado de la oferta en la subida de precios. Sería un proceso diferente a anteriores episodios inflacionistas, y la receta ortodoxa de subir los tipos de interés usada en esas ocasiones parece que sólo es bienvenida por los bancos.

Las empresas energéticas tienen un gran poder de fijación de precios, lo cual quiere decir que es prácticamente imposible evitar que repercutan subidas de costes en los precios de sus productos y servicios, incluso que suban precios a su antojo. Es lo que ha ocurrido finalmente. Los gobiernos se han visto obligados a desempolvar medidas de la postguerra para contener los precios de la energía, como los topes de precios, que han aliviado ligeramente a las familias vulnerables.

Una diferencia fundamental de las tensiones actuales con períodos inflacionarios precedentes son las insuficientes subidas de los salarios. Para España, la subida de los salarios del 2021 al 2022 fue del 5,9 %, frente a una inflación del 8,3 %, y del 3,9 % para los salarios frente a una inflación del 9,2 % en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, mientras los precios de la energía han subido muy por encima de la inflación general, los salarios no han subido ni para recuperar la pérdida por la inflación. En resumen, en estos últimos dos años, la ratio de los gastos energéticos respecto de los ingresos ha subido principalmente debido a los precios de la energía (y la congelación de salarios). Si la propia Unión Europea relaciona la pobreza energética con esta ratio, podríamos concluir que la pobreza energética habrá tenido que subir.

Afortunadamente, los gobiernos han adoptado medidas específicas contra la pobreza energética, enfocadas a proteger a las familias vulnerables. Los resultados en cuanto a datos de pobreza energética son que los retrasos en el pago de las facturas entre 2021 y 2022 apenas han variado, mientras que la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar ha pasado del 14,2 % de los hogares al 17,1 % (a pesar de que las temperaturas han sido ligeramente más suaves). En Europa, aunque los niveles son más bajos, ha ocurrido algo parecido con el pago de facturas, mientras que la incapacidad de calentar suficientemente la vivienda ha pasado del 6,9 % al 9,3 %. Lo cual quiere decir que las medidas tomadas han sido insuficientes para contrarrestar los efectos de la inflación. Se han gastado cantidades enormes, financiados en una mínima parte con los impuestos a los beneficios extraordinarios de eléctricas y bancos.

Se han mejorado las rentas mínimas, pero colectivos como Argilan-ESK denuncian que las rentas condicionadas son insuficientes para acabar con la pobreza, y por consiguiente con la pobreza energética. La mayoría de estos instrumentos son temporales, por lo que cuando se ponga fin, por ejemplo, a la moratoria de cortes de suministro, ¿qué pasará con esas familias vulnerables y la deuda que han acumulado? ¿Quién pagará las deudas? Es probable que haya quien desee unas nuevas elecciones generales, a ver si vienen con una prórroga de estas medidas debajo del brazo.


*Artículo publicado en la revista CAMPUSA de la UPV/EHE
*Iñigo Antepara es miembro de Argilan-esk y profesor de Economía Aplicada. Facultad de Economía y Empresa.