El Gobierno español (integrado por los partidos PSOE y Sumar) aprobó en junio en Consejo de Ministros un real decreto que incrementa los salarios de las trabajadoras y trabajadores públicos en un 2%, además de declarar dicha medida como normativa básica, impidiendo así el poder decidir aquí otra subida. A partir de la aprobación hay un mes de plazo para llevar a cabo la votación que servirá para convalidar o rechazar el decreto.

Ante esta situación, los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK han reclamado a los partidos políticos que en las elecciones generales obtuvieron representación en la CAPV que no aprueben el decreto, ya que no garantiza que las retribuciones del personal público se vayan a decidir en Euskal Herria, y que en vez de ello adopten decisiones que permitan que las condiciones laborales de los/as empleados/as públicas/os sean decididas en Euskal Herria, empleando para ello su representación. Con anterioridad ya se había propuesto a los partidos que planteasen una enmienda para garantizarlo.

Hay que recordar que el mismo día en que el gobierno del Estado aprobó el decreto los sindicatos llevaron a cabo una concentración en Gasteiz para denunciar que las personas que trabajan en el sector público volverían a perder poder adquisitivo por tercer año consecutivo, y que se renunciaba a negociar aquí sus condiciones laborales y salariales.

Los sindicatos se han puesto en contacto con los partidos y les han invitado a mantener reuniones bilaterales con el fin de explicarles de primera mano las vías que existen para que la retribución del personal público se decida aquí.

A lo largo del pasado curso miles de empleadas y empleados públicos y ciudadanos han salido a la calle para exigir un cambio de las políticas públicas, reivindicar que se refuercen los servicios públicos y demandar que las condiciones laborales y de vida de las personas que trabajan en el sector público se decidan aquí. Por tanto, si los partidos aprueban el citado decreto tal como está darán la espalda a la reivindicación del personal público y de la ciudadanía vasca.

Se ha aprobado la prioridad aplicativa de los convenios de Euskal Herria en el sector privado. Ya es hora de que también se aplique en el sector público.